Las Palmas de Gran Canaria, 25 jun (EFE).
– El grupo político Vox en el Cabildo de Gran Canaria llevará al próximo pleno una moción en la que critica la falta de transparencia, control y participación de las familias en los Centros de Atención a Personas con Discapacidad Intelectual (CADI) de la isla, tras años de denuncias de familiares y usuarios.
La iniciativa se produce después de que en los últimos años hayan trascendido diversos episodios que han generado preocupación social, entre ellos denuncias por presuntos malos tratos y negligencias, así como informaciones recientes sobre posibles conductas inapropiadas en algunos centros, ha informado este jueves el partido en un comunicado.
Desde Vox sostienen que las personas con discapacidad intelectual forman parte de uno de los colectivos más vulnerables de la sociedad y que cualquier indicio de mala gestión, falta de control o ausencia de transparencia debe abordarse «con la máxima contundencia».
«Las familias tienen derecho a saber qué ocurre en los centros donde permanecen sus hijos y seres queridos.
La protección de las personas con discapacidad debe estar por encima de cualquier interés burocrático o político», señalan desde la formación.
La moción propone facilitar el acceso de los familiares a los CADI para participar en actividades junto a los usuarios y mantener una relación más cercana con la realidad diaria de los centros.
Vox también plantea que el Cabildo de Gran Canaria impulse la creación de un sistema de videovigilancia accesible para las familias, respetando la legislación vigente y los derechos fundamentales de los usuarios, con el objetivo de reforzar la transparencia y aportar mayores garantías.
La formación denuncia que durante años numerosos familiares han trasladado su preocupación por la falta de información, la escasez de profesionales especializados y la dificultad para conocer las condiciones de atención de sus hijos.
Vox considera que el Cabildo de Gran Canaria, como administración competente, debe asumir su responsabilidad y atender estas demandas, y defiende una política de «tolerancia cero» ante cualquier irregularidad en estos centros.
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