Santa Cruz De Tenerife, 9 jun (EFE).
– El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha afirmado este martes que si reúne las condiciones se aceptará la petición del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria de declarar a la ciudad como zona de mercado residencial tensionado pero, ha advertido, «no va a servir de nada».
Fernando Clavijo se ha pronunciado de esta manera en respuesta al diputado del grupo Socialista Sebastián Franquis, quien ha acusado este martes en el Parlamento al presidente de actuar «como un medianero» de los intereses privados porque en la crisis habitacional ha elegido estar del lado de quienes se benefician de esta situación.
Clavijo ha considerado «un poco cínico» que Franquis le cuestione por la política de vivienda tras «el fracaso absoluto» en esta materia del anterior Gobierno regional, en un área de la que era responsable el portavoz socialista, y ha dicho que resolver este asunto es complicado pero le ofrece dos soluciones «que están en sus manos» para aliviar el problema.
La primera es que el Gobierno estatal derogue la ley de Vivienda, a su juicio responsable de expulsar del mercado del alquiler a cientos de miles de propietarios, y la segunda que el silencio administrativo cuando se solicita una licencia sea positivo.
Ha señalado el presidente que el mayor tenedor de vivienda en Canarias es Visocan, pues no hay grandes tenedores y los pocos que hay no tienen miles de inmuebles, y respecto al Gobierno regional, ha continuado, «hemos hecho lo que hemos podido» en este ámbito, que es habilitar espacios para facilitar la obtención de licencias pero, ha añadido, los ayuntamientos «se han negado».
Ha añadido al respecto que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria lleva más de un año hablando de la solicitud de zona tensionada pero «no han sido capaces de presentar» el trámite oportuno hasta marzo de este año, por lo que ha ironizado con que «se han puerto nerviosos porque se acerca la campaña electoral».
Lo que deben reconocer los socialistas, ha añadido Clavijo, que reconocer «que fracasaron, se equivocaron y fue un error tremendo la ley de Vivienda», para insistir en que para activar la construcción y aumentar la oferta deben regular el silencio administrativo positivo.
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