Las Palmas de Gran Canaria, 4 jun (EFE).
– El colectivo Turcón Ecologistas en Acción ha llevado ante la Fiscalía y la Demarcación de Costas los movimientos de tierra con maquinaria pesada que la empresa Lopesan está llevando a cabo en la playa y barranco de Veneguera, en el término municipal de Mogán (Gran Canaria).
Según ha informado este jueves en un comunicado, han puesto en conocimiento de estos organismos, a quienes piden su intermediación, que estos movimientos se están realizando «dentro de los límites de la servidumbre y de la protección del Dominio Público Marítimo-Terrestre» de Costas en el archipiélago, y que la empresa «se ha excedido en su actuación de cara a corregir los perfiles de playa y barranco».
Turcón no ha escondido su preocupación por estos movimientos de tierra, ya que entiende que son «improvisados, sin los correspondientes permisos habilitantes y fruto de un exceso de confianza, diligencia desmedida y desproporcionada frente a los efectos de una borrasca».
«Nos preocupa profundamente que estas actuaciones puedan formar parte de una estrategia paulatina de control territorial y limitación del acceso ciudadano a un espacio natural que pertenece emocional, cultural y socialmente al conjunto del pueblo canario», han lamentado desde Turcón.
Ahonda el colectivo ecologista en que los testimonios e imágenes que han podido recabar muestran que la maquinaria pesada de Lopesan «eliminaba el talud natural característico de las playas del oeste de Gran Canaria» y que, con ello, arrastraba cantos rodados y áridos desde la propia playa y hacia el antiguo aparcamiento.
Por ello han exigido conocer qué administraciones han autorizado esta actuación y si existen informes ambientales públicos pertinentes, así como los verdaderos objetivos del proyecto de «renaturalización» del que no se informa en ningún cartel en la obra.
Asimismo, han solicitado la medida cautelar de precintar las obras que se están ejecutando, requiriendo a los investigados a que se abstengan de continuar con dichos trabajos bajo apercibimiento de poder incurrir en un delito de desobediencia a la autoridad.
Sobre todo, han aducido, ante «el temor creciente de que este tipo de actuaciones puedan terminar derivando, de manera progresiva, en una limitación del acceso libre y público a uno de los últimos espacios semivírgenes que quedan en Gran Canaria».
Y en ese sentido, han alertado de los «antecedentes» que tiene la empresa en otras actuaciones en las que, a su juicio, «ha destruido importantes zonas de tarajales en el cauce, eliminado valiosos hábitats de tabaibal cardonal centenarios en la ladera conocida como Tabaibales».
Pero también por haber modificado el cauce del barranco o haber destruido un yacimiento arqueológico «de enorme valor patrimonial», hechos que han recordado que se siguen investigando desde la justicia.
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