Las Palmas de Gran Canaria, 28 may (EFE).
– La Asociación Canaria de Empresas de Atención a la Dependencia (ACEMAD) denuncia la falta de diálogo con la Consejería de Bienestar Social del Gobierno de Canarias y asegura que el sector se encuentra “en modo supervivencia”.
La situación es “crítica y límite” debido al aumento de costes, la escasez extrema de personal cualificado y la ausencia de medidas urgentes que garanticen la sostenibilidad del servicio, indica la asociación en un comunicado.
“Estamos sosteniendo un servicio esencial con plantillas agotadas, una financiación desfasada y sin interlocución real con la Administración”, afirma ACEMAD en un comunicado en el que advierte de que, si no se adoptan medidas inmediatas, muchas empresas podrían verse obligadas a reducir horas de atención o incluso renunciar a nuevos usuarios dependientes.
Uno de los principales problemas señalados por la asociación es la escasez de auxiliares titulados para prestar atención domiciliaria, una situación que ya está provocando listas de espera “jamás vistas” en varias islas.
Según ACEMAD, pese a contactar con academias, organismos públicos y centros de formación, apenas reciben candidaturas para cubrir vacantes.
“Muchas empresas quieren atender a nuevos dependientes reconocidos por la Administración, pero simplemente no cuentan con personal disponible”, aseguran.
La organización también alerta del elevado absentismo laboral, agravado por bajas de larga duración que, según denuncian, carecen de seguimiento efectivo.
“Hay empresas con porcentajes de bajas imposibles de sostener”, subrayan.
Ante esta situación, ACEMAD propone flexibilizar temporalmente los requisitos de contratación, permitiendo incorporar trabajadores sin titulación oficial bajo el compromiso de obtener la acreditación profesional durante los primeros meses de trabajo, una fórmula ya aplicada en otras figuras del sistema de dependencia como el asistente personal.
La asociación también reclama una actualización urgente de las Prestaciones Vinculadas al Servicio (PVS), cuyo importe consideran insuficiente para cubrir el coste real de la atención.
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